Se podría argumentar contra esta entradilla de tufo claramente pesimista que estamos embarcados en importantes reformas: la reciente del mercado de trabajo, las ya anunciadas del sistema de pensiones, la negociación colectiva, la de las políticas de empleo o el fallido pacto de la educación, por hablar solamente de las que de manera directa afectan a la gestión y regulación de nuestro capital humano. Es cierto, el Gobierno y el Parlamento andan embarcados en pleno proceso reformador, pero hay algunas cuestiones asociadas a cómo se están abordando estas importantes reformas que nos llenan de intranquilidad. No es que falten personas, ni instituciones dispuestas a brindarnos, de manera más o menos bienintencionada o desinteresada, sus propuestas o que estén disponibles para rebatir lo que otros proponen (de estos segundos parece que siempre hay más colectivo disponible, por cierto).

El problema es que, como ha apuntado Fernando Savater, con demasiada frecuencia nos encontramos con lo que él denomina “ocurrencias”. Las propuestas parecen caídas del cielo y las más de las veces no son comprensibles para la mayoría de los ciudadanos; de aquello que ayer no se podía hablar, hoy es urgente y necesario hacerlo; cuestiones que no existían en la agenda de nadie, aparecen como carencias esenciales para nuestro desarrollo; se nos dice directamente que hay que hacer reformas porque nos lo exigen otros (como si la cosa no va con nosotros o que, si por nosotros fuera, no haríamos nada)... Demasiado desorden. Echamos de menos una mínima planificación y una mínima (mejor que fueran máximas) explicación. Como muchos de nuestros problemas lo son también de otros países, si damos un vistazo por el mundo podemos ver que algunos de ellos los abordan de manera ordenada y encuentran soluciones asumidas por la gran mayoría de sus sociedades. Sinceramente, no creo que los suecos, alemanes o norteamericanos sean más listos que nosotros y nos debería llamar la atención que en un asunto tan delicado como es el del futuro de las pensiones públicas hayan sido capaces de buscar y encontrar medidas y soluciones basadas en el consenso. Creo que no es casualidad que en todos estos casos han sido previamente capaces de informar a la sociedad y de abrir un amplio debate que ha ido mucho más lejos de los reducidos círculos de la política institucional (la tradición de los “libros blancos” de los anglosajones es un gran ejemplo sobre ello).

Es imposible que la sociedad sienta como propios grandes problemas sobre los que no recibe información amplia y detallada. Y si la sociedad no percibe directamente como propio un problema y las alternativas para resolverlo, corremos el riesgo de que se parchee sobre el mismo o que se recurra a ocurrencias que buscan más salir del lío a corto plazo que abordar las causas de fondo y plantear remedios estructurales a largo plazo. Que se pueden hacer las cosas bien, con explicación y coherencia a lo largo del tiempo y que eso se puede hacer en España, nos lo reflejan algunos ejemplos de políticas que han escapado a la improvisación. La reforma fiscal de finales de los 70 o las campañas de tráfico son buenas muestras de ello. El caso contrario sigue siendo desgraciadamente la regla las más de las veces, lo que tiene más trascendencia de lo que parece, porque indica que el sistema político no funciona como corresponde a una democracia moderna y desarrollada. Considerar a las personas como súbditos (encargarse de sus problemas sin contar con ellos) o como ciudadanos (los protagonistas de la cosa pública) es la diferencia a la hora de abordar las grandes cuestiones. De manera abierta y participada en democracia y de manera cerrada y como cosa de los que mandan en las oligarquías. Creo que la reflexión tiene su sentido y que, en cierta manera, como sociedad en su conjunto hemos vivido más el sentimiento colectivo de protagonismo y participación en los años de la transición y en los primeros lustros de la recuperación democrática que en los últimos tiempos. Quizás esto sea una explicación del desapego que la sociedad va teniendo hacia su clase política (si hacemos caso a las encuestas del CIS) y obedezca al defecto de considerar que las decisiones políticas solo corresponden al gobierno o parlamento de turno. Se supone que la Constitución del 78 cambió el modelo de convivencia y de gestión de las cuestiones comunes. Si los poderes públicos no actúan con transparencia, dan información y reciben la voz de la sociedad, es que algo falta por desarrollar de ese cambio de modelo. La agenda del futuro está repleta de grandes cuestiones −envejecimiento y sus consecuencias sobre el mercado de trabajo, las pensiones, la sanidad y la dependencia; desertización y medio ambiente; dependencia y modelo energético; educación (abandono escolar, indicadores negativos en comparación internacional); eficiencia y racionalidad en la organización de los servicios públicos...− que no se podrán abordar ni resolver si no se plantean como cuestiones sobre las que los ciudadanos deben recibir información y en cuya búsqueda de soluciones deben participar. Asuntos que requieren una amplia base social de apoyo, acuerdos que sustenten las reformas legales y no mínimas mayorías coyunturales.

O abrimos el proceso a la participación (e ilusión) colectiva o me temo que corremos el riesgo de perder muchos de los trenes de un porvenir mejor.

Juan Chozas Socio KPMG Abogados