Como explicó el Presidente Rodríguez Zapatero en su famoso, por distintos motivos, mitin del Bierzo, el objetivo marcado en lo que queda de legislatura es recuperar las bases tradicionales de electores; pero eso no va a ser fácil y el resultado final dependerá de los interlocutores, que a la fecha se muestran desilusionados, incluso pese a la remodelación en el ejecutivo y más en concreto en el Ministerio pertinente.

El Gobierno no lo oculta, “El margen de negociación es muy estrecho” declaraba hace pocas fechas la Ministra Salgado y la realidad así lo corrobora pese a los esfuerzos de algunos parlamentarios socialistas en especial por parte del diputado por Zaragoza  D. Jesús  Membrado, que indica que “cada vez que el Gobierno presenta una ley en el Congreso de los Diputados, pierde el control de la misma por falta de aliados en la oposición”. En este contexto, un planteamiento como el de Ignacio Fernández Toxo de CC.OO., “una ley se cambia con otra ley”, no nos sirve.

Pero las tareas se acumulan, el Gobierno es consciente de que ha explicado mal el cambio en su política económica y social. No ha sido hasta la reciente huelga general que el Gobierno ha percibido su actual situación aunque algunos ministros optimistas nieguen la mayor. En general en el ejecutivo consideran que los ciudadanos no secundaron la huelga en parte por no agravar su propia situación laboral y económica pero discrepan abiertamente de la política de ajuste como indican los sondeos.

Por todo ello, el Gobierno es el primer interesado en recuperar el diálogo con los agentes sociales, visto ahora como una oportunidad para hacerles partícipes del cambio de ritmo en la política económica que ha impuesto la crisis. La primera prueba ya superada con escaso margen por el  Ejecutivo para  la tramitación de los presupuestos generales del Estado para el 2011. Se ha dejado margen al grupo socialista para que haga “ligeros retoques” en alguna figura impositiva; una opción podría ser la subida de los tipos de la renta del capital del 22% al 24%, propuesta que fue presentada en el Consejo de Ministros del 24 de septiembre y que quedó aparcada. No es probable que los cambios impositivos vayan más allá, puesto que la debilidad del crecimiento para el próximo año lo impide, como se vaticina en diferentes informes.

En el ámbito estrictamente laboral está claro que la ley aprobada el pasado 9 de septiembre no se puede cambiar. Sin embargo, se pueden y deben “reorientar” algunos aspectos. Por ejemplo, a través de limitar la contratación temporal; otro ámbito de negociación es el inminente “modelo austriaco” para articular los fondos que compensaran el coste de los despidos. También hay que negociar las cláusulas de descuelgue del régimen salarial pactado con carácter general en los convenios colectivos. Este es uno de los objetivos que se ha marcado la nueva Secretaria de Estado de Empleo, a la que le espera una ardua tarea, que en sus anteriores desempeños ha demostrado eficacia práctica.

Queda un último aspecto: el de las políticas activas en torno a las cuales se abre un amplio  catálogo de cuestiones como los acuerdos de formación continua. Se trata del pacto tripartito firmado en 2006, que caducaba el pasado mes de octubre y que supone nada menos  que el desigual reparto de 2100 millones de euros  que gestionan  los agentes sociales y que constituye uno de los pilares de su financiación.

En la reforma laboral se dejó explícitamente al margen el futuro de la negociación colectiva. Patronal y sindicatos llevan más de un año sin avances. El Gobierno “puede y debe” estimular estas negociaciones para, en primer lugar, mitigar la rigidez del actual marco laboral español.

El tercer pilar del dialogo social es la reforma de las pensiones de la Seguridad Social. El pacto de Toledo lleva dos años trabajando sin éxito. Nuestro Gobierno presentó en enero una propuesta que tiene fecha de caducidad a final de año. Los grupos parlamentarios han llegado a acuerdos concretos pero siguen sin abordar el grueso de la reforma. Se trata de alargar el periodo de cálculo de 15 a 20 años, endurecer el acceso a la pensión completa elevando de 35 a 40 años exigidos de vida laboral. El Gobierno parece dispuesto a presentar una alternativa al retraso de la edad de jubilación a los 67 años pero que nazca del consenso parlamentario. Esto daría respuesta a otro de los motivos por lo que se convocó la huelga general del día de San Miguel Arcángel, el pasado 29 de septiembre.

Finalmente la provisionalidad aparente del Gobierno y los agentes sociales y de manera especial  de la gran patronal reduce el margen de maniobra para pactar en estos momentos tan importantes para nuestro país.