Mucho tiempo llevábamos oyendo que el sistema de pensiones español, nuestra seguridad social, gozaba de buena salud y que no precisaba de corrección alguna. Mucha más tinta había corrido también para convencernos de que no era necesaria ninguna reforma laboral y quien siquiera apuntaba que era necesario al menos hablar y reflexionar sobre tan profundas cuestiones, era tachado de agorero, apocalíptico predicador de desastres y aún de cosas peores (el Gobernador del Banco de España no es mal ejemplo de ello).

Como se ha dado el banderazo de salida y “ahora toca” abordar lo que antesdeayer estaba fuera de lugar, muchos de los que defendían el inmovilismo (que nadie se engañe, los verdaderos enemigos del progreso son los que se oponen a que los problemas se aborden y que lo que no funciona bien se cuestione. Da igual que para ello se invoquen las más rancias tradiciones seculares o se eche mano de los derechos intocables de los unos o de los otros), se han aplicado a lanzar sus más o menos desinteresadas aportaciones al debate. A ellos se unen quienes ya llevaban tiempo insistiendo en que era hora de ponerse manos a la obra.

No es el propósito de estas líneas proponer soluciones a tan complicadas cuestiones (no se engañen, no hay recetas mágicas), sino reflexionar sobre un par de carencias que adornan la cuestión y sobre las que nadie parece haberse parado a pensar.

La primera es el porqué de la necesidad reformista, la segunda se refiere al método, al cómo convendría abordar los cambios legales y, como consecuencia final de ambas, un añadido sobre la trascendencia de demorarlas. A nadie se le escapa que no estamos ante problemas menores, sobre los que no conviene frivolizar ni actuar a la ligera y que generan enormes tensiones y dificultades extraordinarias, lo que queda claro si simplemente recordamos que las cinco huelgas generales que se han planteado en la España democrática han tenido como causa la oposición a reformas laborales o del sistema de protección social.

De manera rápida y resumida vamos a por la primera de las reflexiones: ¿por qué es necesaria una reforma laboral? Pues porque nuestro país tiene un problema estructural en el mercado de trabajo derivado de una regulación (no solo laboral, pero fundamentalmente laboral) que hace que cuando las empresas se tienen que acomodar al ciclo recesivo, lo hagan vía empleo y no vía salarios. De manera más elemental y gráfica, a riesgo de ser esquemático: las empresas contratan cuando la demanda de sus productos crece y lógicamente tienen que producir más. Cuando la demanda de productos desciende (como en esta crisis), las empresas tienen que producir menos y como también ingresan menos, tienen que reducir sus costes si no quieren desaparecer (a ello se añaden en esta coyuntura y de manera muy acentuada las dificultades de financiación). Si hablamos de recursos humanos, los costes se reducen porque reducimos los salarios, o porque despedimos a trabajadores o porque reorganizamos de manera más eficiente el trabajo (o por un poco de todo lo anterior). Dicho esto, en buena lógica, el recurso al despido debería ser el último y la ley (sobre todo la ley laboral) tendría que favorecer y primar cualquier solución –reorganización y modificación de condiciones de trabajo como la jornada o el salario- sobre la del despido.

No es éste el esquema ni de nuestra legislación ni de nuestro comportamiento, tenemos una legislación y una práctica en las que, de hecho, resulta más difícil rebajar salarios o modificar determinadas condiciones de trabajo que despedir y las consecuencias están a la vista: en épocas de ajuste perdemos más empleo que ningún otro país desarrollado (en esta crisis, aunque nuestra caída del PIB ha sido mucho menor que en la gran mayoría de los países de la OCDE, el aumento del desempleo y la pérdida de empleo han sido muy superiores), mientras tanto los salarios siguen subiendo muy por encima de la inflación insensibles al crecimiento del desempleo (también a diferencia de los países que hacen el ajuste vía recorte de éstos y favorecen el mantenimiento del empleo). Así, tenemos el círculo vicioso perfecto: al drama social del desempleo, añadimos el de la pérdida de competitividad de nuestras empresas y, por extensión, del conjunto de nuestra economía y dificultamos el crecimiento y la creación de empleo del futuro. Visto así, el problema es mucho más amplio que el de los costes de despido (que es un problema y serio, pero no el único).

Y, ¿por qué tenemos que reformar las pensiones? Pues porque la sociedad envejece.

Esto, lo de vivir más años y con mayor calidad de vida, es probablemente el mayor logro de la humanidad y es la máxima expresión de los beneficios de la civilización. Lo que pasa es que plantea un problema sobre la sostenibilidad de los mecanismos de protección y muy específicamente sobre las pensiones.

El problema deriva de que las pensiones se financian, se pagan, con el dinero que los activos de hoy ingresan cada mes (las cuotas de seguridad social que se descuentan en la nómina). Ese dinero paga las pensiones de hoy, las de los pensionistas actuales. Es lo que se llama sistema de reparto, sistema que, con variaciones, tienen establecido todos los países desarrollados.

La cuestión que se plantea es que si vivimos cada vez más años y la edad de jubilación está establecida en 65 años desde el origen de la seguridad social (allá por el inicio del siglo XX, cuando la expectativa de vida no andaba lejana a la que se puso de jubilación. O sea, que casi nadie llegaba a cumplir la edad de jubilación y el que la cumplía, sobrevivía pocos años). Ahora vivimos muchos más años y los periodos de jubilación se extienden cerca de veinte años como media. A nadie se le escapa, que si el periodo de cobro es más largo, a mayor coste, deberían buscarse mayores ingresos.

Pero es que el problema se complica mucho más si recordamos que cada vez nos incorporamos con edades más tardías a trabajar (porque se prolongan los periodos de estudios), nos retiramos a edades más tempranas (por prejubilaciones y otras prácticas. La media de edad de jubilación en España no llega a los 63 años) y las carreras de cotización tienen muchos periodos no cubiertos (por el desempleo que sufren millones de trabajadores).

Siendo todo esto grave, la verdadera dimensión de la cuestión nos la da la combinación del envejecimiento –vivimos más y más años- con el descenso de la natalidad. Esto hace que en apenas una treintena de años, donde hoy tenemos a cuatro personas en edad laboral (16 a 64 años) por cada potencial pensionista (mayores de 64 años), pasaremos a una proporción de dos a uno. Si juntamos todo –vidas laborales más cortas, menor proporción de cotizantes potenciales, vidas pensionadas más largas y mayor número de pensionistas reales (ya han cotizado)-, está claro que la ecuación no cuadra y que hay que buscar mecanismos para que las cuentas salgan durante los próximos veinte o treinta años.

Llegados a este punto es cuando nos surge una pregunta: ¿por qué no le dedicamos tiempo y esfuerzo al conocimiento de problemas tan complejos? Es difícil, o más bien imposible, que abordemos seriamente las posibles soluciones o que planteemos reformas que no sean parches si no partimos de un conocimiento profundo y general de las cuestiones a abordar. ¿Por qué no tenemos información amplia y disponible fácilmente para ir formando una opinión pública que se aproxime a estas cuestiones para conocer alternativas y las ventajas e inconvenientes que cada una supone? Hay muchísimo conocimiento en las publicaciones de las grandes organizaciones internacionales –OCDE y Comisión Europea sobre todo-, en las universidades, los servicios de estudios de múltiples instituciones… No estaría mal que empezásemos a utilizarla para conocer los problemas que enfrentamos y para ordenar un debate amplio y transparente en el que sepamos por qué (o por qué no) hay que afrontar éste o el otro asunto y cómo hacerlo. Cómo se podrían organizar estos debates y de la trascendencia de los mismos lo dejaremos para otro día.

Juan Chozas Pedrero. Socio de CUSAN Abogados.