En algo más de las dos últimas décadas, las grandes organizacionales sindicales y las patronales, al tiempo que afirmaban su implantación, ganaban predicamento al demostrar voluntad de negociación y capacidad para alcanzar acuerdos,  como muestra,  los Pactos de Toledo, contribuyendo a atenuar la conflictividad laboral y a promover cambios en la gestión de recursos humanos, deviniendo hasta cierto punto sindicatos y la patronal, gracias a su amplia presencia territorial en todos los sectores y a la unificación de criterios y “marcas”, en factores de una auténtica vertebración nacional. Las cosas, sin embargo por desgracia, han cambiado.

Para la credibilidad de los sindicatos, el escenario  no es halagüeño y mucho más  desde la huelga de San Miguel. Instalados desde hace un tiempo, como se ha señalado con acierto en los medios de comunicación en una “cómoda contestación”, poco menos que ritualizada y sin esforzarse en ganar márgenes de autonomía respecto al ejecutivo, ahora una gran mayoría de la opinión pública los considera corresponsables de la política económica que ha disparado el déficit público y ha retrasado la adopción de medidas claves para afrontar los graves problemas planteados. La convocatoria de huelga general y su realización ha acentuado, a tenor de los sondeos de opinión, el descrédito y mucho más después de una campaña plagada de desaciertos en modos y maneras, la zafiedad de algunos reclamos y el llamamiento a los abuelos incluidos, el tono de alegre romería  de las concentraciones, trasmitiendo la impresión de que se trataba de un órdago, destinado más a la autolegitimización de las propias centrales sindicales que a definir objetivos precisos de los colectivos a los que quieren representar. Con una tasa de paro del 20%, que entre los jóvenes supera el 40%, en una economía en constante pérdida de competitividad internacional y con un mercado de trabajo perversamente ”dual” y encorsetado por reconocidas rigideces, no es fácil justificar esta huelga general en protesta por una tibia y timorata reforma laboral y de alcance más que dudoso. Pero si encima de ser difícil se hace mal y a destiempo, los convocantes se han hecho a sí mismos un flaco favor, con resultado de mengua de respaldo social y su debilitamiento en su papel en el tejido institucional. El que suscribe lo siente mucho por su afinidad en muchos aspectos…

Pero tampoco en la acera de la patronal hay motivos de autocomplacencia. Justo cuando más necesario es contar con un liderazgo sólido, el presidente es cuestionado desde fuera y, lo que es más relevante, desde dentro de la propia organización, restándole así autoridad ante los suyos y capacidad de interlocución en unos y otros foros. Cualesquiera que sean las razones para esa contestación y con independencia de su fundamento, que existe, el daño último lo sufre la institución, la CEOE, guía de los empresarios españoles.

Por eso vuelvo al principio, es muy deseable y también necesario, que la huelga del 29S suponga un cambio de tendencia. La fragilidad institucional sería, a la postre, el mayor obstáculo para la deseada recuperación económica y para afrontar los grandes desafíos que la sociedad española ha de afrontar sin demora

Guillermo Garrón Montero. Consultor de Griker Orgemer.