Los lectores que, como yo, hayan tenido la suerte de superar la cincuentena, se acordarán a buen seguro de aquellas películas que en los años setenta veíamos en los llamados “cines de arte y ensayo”. En más ocasiones de las que entonces estábamos dispuestos a reconocer, las tales películas eran un auténtico tostonazo experimental del que no entendíamos absolutamente nada. A pesar de ello, solíamos salir del cine, circunspectos y serios, hablando poco –porque no sabíamos qué decir- y sin atrevernos a reconocer que habíamos vencido al sueño a duras penas y que nos habíamos aburrido como ostras.

Se supone que hemos madurado –individual y colectivamente- en todos estos años y que los prejuicios y vergüenzas que estaban más o menos extendidos en los adolescentes de hace ya más de treinta años, no deberían tener cabida en una sociedad libre y abierta como la que aspira a ser la de nuestros días.

Me vienen a la mente estas reflexiones a la luz de la atención más bien escasa que los medios de comunicación y las conversaciones del verano que se acaba, han dedicado a la reforma laboral que se ha tramitado en el Senado durante el mes de agosto. En un primer momento, me asalta la duda de que quizás no se den el  debate ni la abundancia de opiniones que un tema de esta trascendencia sugerirían como normales (por si alguien lo ha olvidado, convivimos con más de cuatro millones de desempleados, la cuestión parece haber provocado la convocatoria de una huelga general y, encima, en agosto no abundan las noticias), simplemente porque nadie ha entendido nada de la misma. Está bien, sé que exagero y que hay mucha información especializada y técnicamente solvente que ha hecho un gran número de análisis y que ha producido abundantes documentos y estudios en los que se puede estudiar y analizar en profundidad lo que ahora se reforma. El problema es si es normal y aceptable que una legislación de efectos tan inmediatos en la vida de todos los ciudadanos mantenga reducido su conocimiento y debate a círculos más o menos limitados y especializados y que la gran mayoría de la sociedad pase ante ella como ante una pieza desconocida e incomprensible que periódicamente hay que reformar, no se sabe muy bien por qué ni para qué (más bien para lo mismo cada cierto número de años sin que los resultados parezcan justificar el esfuerzo –y, en muchos casos, la conflictividad- en ello dedicados). Lo que me preocupa es que no estemos hablando de una legislación conocida y manejada como cotidiana y habitual por empresarios (grandes y pequeños) y trabajadores en general, sobre la que la gente tenga sus propias opiniones y las exponga y comparta con soltura y libertad. El halo de lo políticamente (o sindicalmente) correcto y el del conocimiento especializado y el miedo al error o a decir una inconveniencia parece que frenan un debate más amplio y abierto sobre la cuestión que nos ocupa.

La verdad es que si echamos un vistazo a los mensajes que han acompañado hasta la fecha los trámites de la reforma, comprenderemos un poco del porqué de este aparente desinterés social, ya que no resulta muy fácil sacar conclusiones lógicas entre lo dicho y lo hecho.

Lo dicho:

I Todos los que han intervenido en el proceso –gobierno, partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos-, han insistido hasta la saciedad para dejar claro que en ningún caso y bajo ningún concepto había que reformar el coste del despido ni dar facilidades para despedir.
II Esta es la reforma necesaria para acabar con el paro.
III El gobierno ha tenido que legislar con urgencia (vía Real Decreto Ley) porque los interlocutores sociales –organizaciones sindicales y empresariales- no eran capaces de alcanzar acuerdos y, ante la magnitud y perentoriedad de los problemas del mercado de trabajo, no se podía demorar por más tiempo la modificación legislativa.
IV La reforma es una imposición de nuestros socios europeos.  

Lo hecho:

I Uno de los contenidos principales de la reforma es la extensión del contrato indefinido de menor coste de despido, otro es la clarificación de las causas de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, otro, en fin es la creación de un fondo para reducir el coste del despido para las empresas...O sea, lo único que no se iba a hacer y lo que no debía centrar la reforma es lo que se ha hecho y lo que la ha centrado.
II La reforma en su redacción inicial lleva en vigor un buen número de meses y la evolución (y las previsiones) del paro y del empleo siguen siendo las más negativas de Europa. Ninguna ley puede acabar de un plumazo con problemas complejos y que derivan de la eficiencia o ineficiencia de un modelo económico general (según eso, prohibiríamos el paro por ley y  cuestión resuelta)
III El Real Decreto Ley (y la Ley posteriormente tramitada) está dictado por razones de urgente necesidad, pero deja al desarrollo reglamentario o a la regulación posterior un buen número de sus disposiciones, sobre las que hace mandatos o declaraciones más o menos difusos, dejándolos en una especie de limbo de ineficacia (agencias de colocación, fondo de financiación de costes de despido, empresas de trabajo temporal, declaraciones de poder acudir a mecanismos de conciliación y mediación o a unas u otras representaciones de las organizaciones sindicales o empresariales…). El asunto que probablemente habría sido más trascendente reformar y en el que más tiempo llevan dialogando sin fruto empresarios y sindicatos –la negociación colectiva-, recibe una prorroga extra de unos nuevos seis meses para que sigan debatiendo los mismos interlocutores, en un escenario en el que la urgencia parece que ya no cuenta.
IV Si los máximos responsables públicos no aceptan ni asumen que nuestra primera obligación como sociedad es afrontar nuestros propios problemas con decisión y firmeza, ¿cómo esperamos que reciban el mensaje los ciudadanos?

Hay más ejemplos y podríamos seguir. Creo que muchas de las medidas contenidas en la presente reforma van en la dirección adecuada y que habrá tiempo de analizarlas una vez que estén en vigor un tiempo suficiente, pero los mensajes que unos y otros han lanzado con motivo de su tramitación, hacen muy difícil comprender sus contenidos, trascendencia y finalidades (buena parte de las conclusiones dependerán de los pronunciamientos judiciales, para lo que hace falta mucho tiempo y lo que nos vuelve a poner sobre la mesa la eficacia y procedencia de la utilización del Real Decreto Ley –la urgencia- y sus contenidos). La propia lectura del texto de la ley nos lleva a un fárrago complicado y confuso, de modificaciones parciales, reglamentista y desordenado en el que parece caber todo (contratos, despidos, bonificaciones, modificaciones colectivas, contratos de formación, igualdad, políticas de empleo, seguridad en el trabajo, agencias de colocación…) y en el que parece que todo cambia un poquito, pero que a la vez todo debe seguir igual en lo fundamental. No ayuda una labor periodística prácticamente limitada a repetir las declaraciones de políticos y sindicalistas, sin aportar opiniones ni análisis propios, ni los mensajes de los responsables públicos, condicionados por su posición en el gobierno o en la oposición (¿se acuerdan del compromiso de actividad de los parados?: fue uno de los motivos de la huelga general del 2002 y el entonces líder del principal partido de la oposición, llegó a decir que significaba el inicio del desmantelamiento del estado del bienestar. Ahora se refuerza el citado compromiso en la reforma como cosa conveniente y necesaria) y con una insuperable incapacidad a hablar de asuntos como el despido, la contratación o la negociación colectiva de manera abierta o de encomendar de manera previa su estudio a comisiones independientes de expertos (con repasar lo que dicen la OCDE y la Comisión Europea estaría gran parte del trabajo hecho, dicho sea de paso)

Lo peor de todo es que parece que no nos hemos parado a reflexionar que llevamos haciendo la misma reforma laboral desde 1984. Si repasamos los contenidos y los objetivos (las exposiciones de motivos de las leyes de reforma de 1994, 1997, 2002 y 2010 –por citar solo las más grandes entre las decenas de las habidas- tienen muchos párrafos perfectamente intercambiables) de las sucesivas reformas del Estatuto de los Trabajadores, veremos que estamos dándole vueltas a los mismos problemas una vez tras otra y que, a la vista de la experiencia, no parece que estemos acertando. En este sentido, a lo mejor no estamos haciendo otra cosa que preparar la antesala de una nueva reforma (en la que, además de forma un tanto surrealista y como ya ha pasado otras veces, las organizaciones sindicales convocarán una huelga general para defender lo que ahora ha incorporado la ley y contra lo que han convocado una huelga general) y así sucesivamente.

Tal vez cuando abordemos la próxima reforma, alguien se atreva a decir que no entiende nada y que quiere que se lo expliquen. No sería poco y ese alguien será un valiente.

Juan Chozas Pedrero. Socio de CUSAN Abogados.